Por Juan Ramón Negrete Jiménez

Colima, Col., 18 de junio de 2020.-Los diputados que conforman los grupos parlamentarios de MORENA y Partido del Trabajo, aprobaron por mayoría un punto de acuerdo mediante el cual el Congreso del Estado por conducto de su representante jurídico, formulará ante la Fiscalía General del Estado la denuncia correspondiente en contra de servidores públicos del Estado y de tres de los diez municipios.

La denuncia, de acuerdo a lo aprobado por la mayoría de MORENA y PT, será en contra de servidores públicos del Poder Ejecutivo Estatal, DIF Estatal, Fiscalía General del Estado, Municipio de Colima, Municipio de Villa de Álvarez, y Municipio de Manzanillo, que pudieran resultar imputados por el hecho que la ley señala como delito previsto en el artículo 233 Bis 3 del Código Penal  para el Estado de Colima.

Asimismo se aprobó que “este Congreso del Estado, por los conductos legales correspondientes, solicite al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental, para que en términos de los dispuesto por el numeral 21 fracción XIV de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Colima, la apertura del procedimiento respectivo de investigación para el fincamiento de responsabilidad administrativa en contra del Exdirector (Edgar Alejandro Chávez Sánchez) y del actual Director del IPECOL (Hamín Legaspi Soto)”.

Según el artículo transitorio del acuerdo aprobado “las acciones señaladas en el presente acuerdo deberán realizarse dentro de un plazo no mayor a 10 días naturales contados a partir de la fecha de la aprobación del presente acuerdo”,

La iniciadora de este punto de acuerdo señaló que la denuncia será por “el supuesto jurídico tipificado como desvió de cuotas y aportaciones, desde la perspectiva de esta legisladora, se actualiza por parte de los integrantes de diversos entes gubernamentales estatales y municipales, quienes tienen bajo su responsabilidad realizar puntualmente retenciones a sus trabajadores, mismas que deberían ser reportadas al Instituto de Pensiones del Estado de Colima y que sin embargo no son entregadas, generando adeudos injustificados e ilegales con el Instituto de Pensiones, en perjuicio de los trabajadores de los órdenes de gobierno estatal y municipal”.

En la exposición de motivos se señala que “en el párrafo segundo de los considerandos que sustentan el Decreto 139 se refiere lo siguiente:“el novedoso tipo penal de desvío de cuotas y aportaciones consistente en que un servidor público retenga o descuente cuotas, o aportaciones a los empleados de una Entidad Pública, y omita destinarlas al fin para el que estaban previstas de conformidad con las leyes y demás disposiciones jurídicas o estatutarias aplicables; o los aplique a fin distinto al establecido por las mismas, hipótesis en que se incumple la obligación de enterar las referidas cuotas o aportaciones a determinadas instituciones públicas, sociales o privadas, conducta susceptible de presentarse en el mundo fáctico, y que mejor que disuadirla igual que la anterior por la vía penal, porque es un clamor social el que se aplique todo el rigor de la ley a este tipo de conductas que afectan el patrimonio de trabajadores aprovechándose de un cargo público”.

La diputada Claudia Aguirre Luna, iniciadora de este punto de acuerdo, dijo que

“desde esta tribuna hemos realizado distintas acciones para instar al IPECOL, para que cumpla con sus obligaciones y realice las acciones legales necesarias para cobrarle a los entes públicos patronales las aportaciones que no le han sido debidamente entregadas, sin embargo sea por miedo o por incompetencia que este ente ha fracasado en dicho objetivo”.

Expresó Aguirre Luna que “es notorio el caso de su ex director que prefirió renunciar a afrontar las consecuencias legales de su negligencia, creyendo ingenuamente que con su renuncia evadiría las consecuencias legales de su pésima actuación”.

“El nuevo director no es distinto, pues ha quedado claro que obedece a intereses ajenos al bienestar del Instituto de Pensiones y los trabajadores a quienes debería servir, pues basta recordar que hace unas semanas se le pidió desde esta tribuna, en un acto de buena voluntad, enviara a esta Legislatura un informe de las acciones que ha emprendido para la recuperación de los adeudos, sin embargo dicha respuesta es mediocre y pusilánime, evidenciando la implementación de una estrategia dilatoria para evitar el ejercicio de las acciones legales que tiene a su alcance y que por supuesto que perjudicaría los intereses de quienes lo llevaron a dicho puesto”, señaló la legisladora de MORENA.

Después indicó que “ante la falta de acciones contundentes por parte del IPECOL y debido a la urgencia de acabar con esta mala práctica que a todas luces constituye actos de corrupción; y dado que el tipo penal mencionado no requiere de querella alguna para su investigación, es que se propone que esta legislatura, presente por conducto de su representante jurídico la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado, órgano que se supone es autónomo y que deberá realizar la investigación correspondiente, la cual por cierto no es nada complicada pues basta acreditar que después del mes de febrero de 2019 no se entregaron al IPECOL las cuotas correspondientes para que quedé acreditado el ilícito”.

Aguirre Luna indicó que cabe señalar que el mismo IPECOL, “aunque de manera gris y mediocre, ha evidenciado que los entes mencionados le adeudan aportaciones, siendo suficiente dicho dato para dar trámite y entrada a esta denuncia”.

Después mencionó que “es importante señalar que aunque son diversos los entes que le adeudan al IPECOL se ha optado por elaborar un primer paquete de denuncias tomando como criterio los entes que más adeudan hasta el mes de abril del año 2019 al IPECOL que es la última fecha que se tiene disponible pues a partir de dicho periodo el IPECOL ha rehusado a transparentar los adeudos, no obstante ser información pública que tiene obligación de hacer del conocimiento de los ciudadanos pues no son endeudamientos de carácter privado sino de dependencias gubernamentales en las cuales rige el principio de máxima publicidad”.