Colima, Col., 5 de julio de 2024.- El consejero electoral Edgar Martín Dueñas, señaló que era de preocupar que en diversas ocasiones la presidenta del consejo general del Instituto Electoral del Estado, manifestara implícita y explícitamente que varias consejerías teníamos intereses externos o presiones de ciertas fuerzas políticas.
Indicó que esos señalamientos realizados por la consejera María Elena Adriana Ruiz Visfocri, nunca tuvieron ningún sustento, “y desde mi caso de manera categóricamente puedo afirmar que nunca tuve ninguna presión a esta consejería y que solo fueron comentarios al aire sin ningún sustento”.
Ahora, dijo, si la consejera presidenta tiene algún argumento, pues fácil, que pruebe sus dichos.
Martín Dueñas mencionó que una cuestión criticable, fue el hecho de que para las entrevistas o todo lo que tuvo que ver con la comunicación social, solamente existe la presidenta, “no hay más, todos los temas los abordó ella desde su óptica o desde su conocimiento, porque fueron varias las veces en las que erró en información respecto a los procedimientos que llevó a cabo el Instituto”.
Dijo que los medios de comunicación debieron ser más abiertos y haber dado participación a las y los demás consejeros electorales, ya que cada uno preside una comisión, con actividades muy específicas, “entonces yo invitaría a que los medios tengan mayor apertura”.
Por otro lado el consejero electoral mencionó que la presidenta del Instituto nunca convocó a las consejerías a participar en la elaboración del orden del día, a pesar de lo que lo establece el artículo 116 del Código Electoral del Estado, señalando que esa fue una reiterada omisión de parte de la presidencia.
“Nos enterábamos de los asuntos a tratar hasta que llegaba la convocatoria, sobre algún tema, nada socializó con anterioridad a la realización de la misma”.
Edgar Martín Dueñas indicó que otra cosa que es de reclamarse es que en varias ocasiones las presidenta no concedió el uso de la voz a las y los consejeros, “a un servidor, hubo al menos un par de ocasiones, que pedí el uso de la voz incluso para hacer las aclaraciones a las acusaciones que se generaban por parte de la presidencia, pero se me negó el acceso a la misma”.
Asimismo la presidenta hacía mal uso de las rindas de participación, ya que de manera autoritaria y unilateral, determinaba donde terminaba una ronda y donde iniciaba otra.
El problema de lo anterior no solo radica en las negativas en sí, sino en la discriminación en la que incurría, pues por una parte permitía y hasta consultaba que otras consejerías participaran después de que ella había determinado que ya había cerrado una ronda.
Por otra parte dijo que otro de los temas, es el relacionado con los retrasos y negativas para liberar pagos correspondientes a los supervisores electorales, así como a la capacitadoras y capacitados asistentes electorales locales que apoyaron al instituto para lograr llevar a cabo, de manera correcta, actividades vitales y obligatorias de este organismo electoral.
Señaló que las quincenas a que tuvieron derecho y la liberación de los pagos de telefonía y de aplicación de mecanismos de recolección “fueron objeto de retención por supuestas irregularidades y falta de firmas de contratos y adendas, y no se nos hicieron saber cuáles fueron esos supuestos errores, salvo de modificaciones a la adenda para el pago de mecanismos de recolección de dos personas, pero de ahí en más, no se informó cuál fue el verdadero argumento para el impago a tiempo de los referidos recursos”.
Martín Dueñas mencionó que fue una absoluta falta de respeto y velatorio de los derechos humanos de las 300 personas que tuvieron a fin desempeñar dichos cargos, el dejarlos sin recursos para salir al campo, “si a la presidenta le hubieran retenido el pago hubiera hasta interpuesto un juicio por violación a los derechos humanos, pero quedó claro que ella pudo violentar esos derechos cuando lo deseó”.
Finalmente dijo que estas solo son algunas de las cuestiones que sucedieron en el proceso electoral al interior del Instituto, que dijo ojalá se tomen en consideración, para que no se vuelvan a presentar en posteriores procesos electorales.
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