Resuelve la SCJN en contra de Rafael Mendoza; podría ser destituido e inhabilitado

Por Juan Ramón Negrete Jiménez

Colima, Col., 19 de agosto de 2018.-La Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió en contra del alcalde Rafael Mendoza Godínez, la Controversia Constitucional 68/2017, la cual había sido interpuesta por el Ayuntamiento de Cuauhtémoc, para controvertir  el decreto expedido por el Congreso del Estado al resolver el juicio político 14/2016, presentada por la Comisión de Responsabilidades ante el pleno, que se erigió en Jurado de Acusación.

Con esta resolución el presidente municipal de Cuauhtémoc Rafael Mendoza Godínez, podría ser destituido e inhabilitado por 7 años, por lo que no estaría en condiciones de volver a desempeñarse como alcalde de Cuauhtémoc, municipio en el cual ganó la reelección en la jornada electoral del domingo 1 de julio.

La sentencia en contra del alcalde de Cuauhtémoc, se presentó durante la sesión pública ordinaria de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, celebrada el pasado miércoles 15 de agosto de 2018, la cual estuvo presidida por el ministro Eduardo Medina Mora.

La ponencia fue presentada al pleno por el Ministro José Fernando Franco González Salas, respecto a la Controversia Constitucional radicada en el expediente 68/2017, (https://www.scjn.gob.mx/segunda-sala/listas-de-asuntos-resueltos-sesion).

 

 

El proyecto aprobado por mayoría propone:

“Primero. Es procedente pero infundada la Controversia Constitucional promovida por el municipio de Cuauhtémoc, del Estado De Colima.

“Segundo. Son infundados los planteamientos del municipio de Cuauhtémoc, en el estado de Colima, en los términos del último considerando de esta resolución.

“Tercero. Publíquese esta sentencia en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.

“Notifíquese”.

Con esta sentencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, solo resta que sea notificada al Congreso del estado y al Supremo Tribunal de Justicia del Estado, para que éste último, erigido en jurado de sentencia, imponga las sanciones propuestas por el pleno del Congreso del Estado consistentes en destitución del cargo de presidente municipal e inhabilitación por siete años para ocupar cargos, empleos o comisiones, dentro de la administración pública estatal o municipal.