Colima, Col., 11 de enero de 2024.- El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, a través de su coordinador, el diputado Héctor Magaña Lara, presentó una Iniciativa de Acuerdo mediante la cual se adiciona el artículo 7 Bis a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública del Estado de Colima, a fin de que se castigue el nepotismo en la entidad.

En la exposición de motivos, Magaña Lara dijo que, como representantes populares y portavoces de los sentimientos de los ciudadanos, no podemos permanecer ajenos ante uno de los temas que más hieren a los mexicanos y por supuesto los colimenses no son la excepción, la corrupción.

Indicó que uno de los malestares que más han dado de que hablar en el sentir general de los gobernados “es el hecho de que los gobernantes utilizan el poder y la influencia que ostentan aprovechándose de ello para beneficiar a sus familiares”.

Hemos sido testigos como en los últimos años ha surgido una nueva “clase dorada” que en poco tiempo se ha enriquecido en gran manera con motivo de los privilegios que han adquirido como servidores públicos.

Ante eso, dijo, “es importante por ende que nuestra legislación tanto nacional como estatal vaya perfeccionándose cada día a fin de evitar todas las conductas lesivas al interés social que conllevan estos actos de corrupción”.

En ese tenor, el 19 de noviembre del año 2019, se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que entre otras cosas le adicionó el artículo 63 BIS que a la letra dice:

“Cometerá nepotismo el servidor público que, valiéndose de las atribuciones o facultades de su empleo, cargo o comisión, directa o indirectamente, designe, nombre o intervenga paraqué se contrate como personal de confianza, de estructura, de base o por honorarios en el ente público en que ejerza sus funciones, a personas con las que tenga lazos de parentesco por consanguinidad hasta el cuarto grado, de afinidad hasta el segundo grado, o vínculo de matrimonio o concubinato.”

Estas disposiciones, dijo el líder de la bancada del PRI, “aunque son de alcance general, en la práctica no siempre son observadas, siendo necesario que todos los servidores públicos las tengan perfectamente claras, pues desafortunadamente, el desconocimiento de la ley y la dispersión de los diferentes preceptos que la componen limitan su aplicación”.

Héctor Magaña indicó que en el caso de Colima, no existe una prohibición expresa tendiente a inhibir el nepotismo, “pues lo más cercano a ello es una referencia que encontramos en el Código de Ética de la Administración Pública del Estado de Colima que en el inciso g) de la Regla III, de su artículo 9, que señala como una conducta que viola dicha regla de integridad él: “Seleccionar, contratar, designar o nombrar directa o indirectamente como subalternos a familiares hasta el cuarto grado de parentesco;”

En virtud de lo anterior, dijo, se propone adicionar un artículo 7 Bis a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública del Estado de Colima, con la finalidad de establecer de forma expresa la prohibición a los servidores públicos de designar, nombrar o intervenir en la contratación de personas con las que tengan lazos de parentesco por consanguinidad hasta el cuarto grado, de afinidad hasta el segundo grado, o vínculo de matrimonio o concubinato, valiéndose de las atribuciones o facultades de su empleo, cargo o comisión, directa o indirectamente.

Con lo anterior, se busca realizar una acción eficaz tendiente a combatir el nepotismo dentro de la administración pública, iniciando con la perteneciente al Ejecutivo Estatal por considerarse que es la que más se presta a este tipo de conductas, pudiendo posteriormente hacerse extensiva a las legislaciones municipales y de otros poderes.

La inobservancia de lo anterior será sancionada de conformidad a lo establecido por la Ley General de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

Al abundar sobre esta iniciativa, Héctor Magaña, mencionó que esta ley tiene como objetivo que el nepotismo de funcionarios públicos sea un delito y sea castigado, “para así evitar sea una constante que servidores públicos una vez que llegan al poder o a un cargo de primer nivel, aprovechando su posición jerárquica administrativa se la pasen contratando a sus esposas, concubinas, novias, novios, hermanos, hermanas, hijos, hijas o a todo aquél familiar”.

Lo anterior, dijo el priísta, “ante el flagelo social que significa ver por ejemplo que este Gobierno Estatal que encabeza la maestra en derechos humanos Indira Vizcaíno Silva, funciona como agencia de colocación de empleo a familiares de sus funcionarios de primer nivel, convirtiendo desatinadamente al Gobierno en una empresa familiar”.

Mencionó que es evidente la serie de casos de corrupción y nepotismo en los que se ha visto involucrada la Gobernadora, avalando este tipo de arbitrariedades.

“Como por ejemplo colocando en la Secretaria de Educación, por encima del propio Secretario, Adolfo Núñez, que solo está de adorno, a su prima Rosario Silva, que es la que pone y dispone en dicha secretaria; también están los casos de la Directora del DIF Estatal Rosy Bayardo, quien tiene a su hermana Ana Sofía Bayardo Cabrera, como secretaria Técnica de enlace gubernamental en el despacho de la gobernadora”.

Otro caso es el Jefe de la Oficina de la Gobernadora, Eduardo Jurado, ”tiene a su esposa como titular de la COESPRIS y a su hermana Karen Jurado Escamilla como coordinadora del programa Bienestar; la Secretaria General de Gobierno, Lupita Solís, nombro a su hijo como encargado del Instituto de Formación y Capacitación Policial, además de que tiene a demás familiares en otras secretarias; y para no quedarse atrás, también tiene a la familia Vázquez Montes, padre e hija, Hugo Vázquez Montes como Director de IPECOL y Karely Vázquez Solórzano en una sub secretaria en la Secretaria de Educación”.

Indicó el coordinador de la bancada del PRI, que existen otros casos, como el del Coordinador Jurídico de Gobierno del Estado, Roberto Rubio Torres, entre otros.

Magaña Lara, mencionó que, como diputados, representantes de la voz del pueblo, “debemos encausar ese malestar y desprecio social por este tipo de actos de corrupción de nepotismo que prevalece en el Gobierno Estatal Morenista, para que desde la propia ley se ponga un freno a este acto anti ético y moral”