Colima, Col., 23 de febrero de 2023.- La gobernadora Indira Vizcaíno Silva vetó el decreto número 244, por el que se expide la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Colima, aprobado por el pleno del Congreso del Estado en la sesión ordinaria número 15, celebrada el pasado 26 de enero del presente año.
De acuerdo al documento con el cual la gobernadora Indira Vizcaíno Silva vetó la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, indicó que esta acción la ejercía por estimar conveniente hacer observaciones al decreto número 244, antes señalado.
De acuerdo a lo señalado por el coordinador del grupo parlamentario del PRI, diputado Héctor Magaña Lara, esta es la segunda ocasión en apenas un par de meses, en que la gobernadora del estado hace uso de un derecho que tiene de ejercer un veto sobre algún tema que se aprueba en el Congreso y de esa manera enderezarle la plana al Legislativo.
Recordó el priísta que no solamente la gobernadora le ha corregido la plana al Congreso del Estado, sino que lo han hecho instancias judiciales “que nos han obligado a cumplir lo que de alguna u otra manera la ley nos mandata”.
En el veto que realizó la gobernadora, les señala a los legisladores que en la Ley Orgánica de la Fiscalía, tiene una ausencia sobre el impacto presupuestario del proyecto, de acuerdo a lo que señala la ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios en su artículo 16, párrafo segundo, ordena que todo proyecto de ley o decreto que sea sometido a votación del Pleno de la Legislatura local, deberá incluir en su dictamen correspondiente una estimación sobre el impacto presupuestario del proyecto.
El diputado Héctor Magaña dijo que esta decisión de la gobernadora de vetar este decreto, no afecta a los diputados de una sola fracción o a quienes hayan votado en forma mayoritaria, sino a todos los diputados.
Luego pidió a la presidenta de la mesa directiva Isamar Ramírez, hacer un llamado a todas y todos los legisladores a que se apliquen en su trabajo en comisiones, para evitar que se estén presentando estos vetos, “y que no escatimemos en recursos, en apoyos para traer gente que nos asesore y cambiar a alguien que no esté funcionando de manera correcta y que estén exponiendo al congreso”.
El veto de la mandataria colimense se recibió en el Congreso el 20 de febrero, ahí la titular del Ejecutivo señala que “la referida disposición normativa, en voz de la Cámara de Senadores, en calidad de cámara revisora de la minuta de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, sostuvo que esa acción tiene como objeto que el costo de implementación de una regulación presentada ante la Legislatura local, sea identificado y constituya un elemento para la toma de decisiones en el proceso de su aprobación”.
El legislador priísta dijo que cuando se sometió a votación el dictamen de la Ley Orgánica de la Fiscalía “nosotros votamos en contra porque les dijimos que no se estaba cuidando el debido proceso y no se nos dio el tiempo para poder hacer el análisis correcto y que el proceso legislativo que se hizo en la Comisión, no fue el adecuado ni el correcto.
De acuerdo al veto de la gobernadora, señala que de las disposiciones jurídicas citadas (Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios artículo 16 y la Ley de Planeación Democrática para el Desarrollo del Estado de Colima artículo 58) se desprende que su observación y cumplimiento no es de carácter potestativo para la legislatura local, sino un verdadero presupuesto procesal sin el cual, los proyectos de leyes o decretos, no pueden ser sometidos a votación del Pleno.
Asimismo la mandataria estatal destaca que “no obstante, de la integralidad del Decreto No. 244, no se detecta el cumplimiento de la referida obligación por parte del Congreso del Estado, incurriendo en consecuencia, en una omisión relevante que afecta el adecuado proceso deliberativo que debe primar en la formulación de normas, pues al no contar con ese elemento, ni las Comisiones dictaminadores, n¡ el Congreso en Pleno, tuvieron la posibilidad de analizar y debatir a plenitud el impacto presupuestario de la reforma propuesta, es decir, las comisiones dictaminadoras no garantizaron a los diputados integrantes del Congreso del Estado el conocimiento pleno de los distintos efectos que la norma pudiera generar una vez aprobada, y poder por tanto realizar un adecuado debate al respecto”.
Es importante aclarar que para el Gobierno Estatal la investigación de los delitos y la procuración de justicia son temas transcendentales que debemos impulsar en la agenda gubernamental. Sin embargo, no se previó en el dictamen correspondiente al decreto aprobado sobre el impacto presupuestario del proyecto, ni tampoco se previó en sus transitorios, que, en el presupuesto de este año, se realizarían los ajustes a las partidas presupuestarias correspondientes para dar cumplimiento al decreto No 244, o en su caso, que dicho decreto se ajustaba al presupuesto aprobado y vigente.
En el veto, la mandataria estatal señala que el Congreso del Estado al aprobar disposiciones jurídicas con esas características, sin conocer sus costos de implementación, y por consiguiente su viabilidad, está ejerciendo su función legislativa de manera inadecuada, ya que no se allega de los elementos suficientes para conocer y entender las implicaciones y consecuencias de las normas que aprueba, lo que trasciende a su ámbito de aplicación, en virtud de que al establecer un organigrama nuevo para la Fiscalía del Estado, esta deberá sustentar que el presupuesto de egresos del ejercicio fiscal vigente al año de su aprobación es adecuado y compatible tanto con los nuevos puestos, así como, la aplicación de la nueva norma, situación que no fue posible localizar en el Decreto No. 244.
Por lo antes señalado es que la mandataria estatal, por los argumentos esgrimidos, se devuelve el decreto número 244 al Poder Legislativo para que previo dictamen , sea discutido de nueva cuenta en cuanto a las observaciones hechas, y de ser el caso, sea modificado en los términos propuestos en estas.