El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, aprobó este martes en sesión del pleno, interponer una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de justicia de la Nación (SCJN), en contra de la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales de la Sexagésima Legislatura del H. Congreso del Estado de Colima, por las reformas realizadas a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima.
Lo anterior fue dado a conocer por la doctora Norma Julieta del Río Venegas, Comisionada del INAI y Coordinadora de la Comisión Permanente de Vinculación y Promoción del Derecho, a través de su cuenta de twitter https://twitter.com/julietdelrio/status/1539332461808828417?s=24&t=30C-qIArzTF0edDH0l8oRQ, donde destaca que las reformas aprobadas por el Congreso el Estado de Colima, “ponen en riesgo la imparcialidad de los derechos que tutelamos en el @CONAIP_SNT”.
Durante la sesión plenaria virtual ordinaria del pleno del INAI, la Comisionada Josefina Román Vergara, al hacer uso de la voz explicó en qué consistía esta acción, señalando que el pasado 11 de junio de 2022, se publicó en el periódico oficial “El Estado de Colima”, el decreto por el que se aprueba derogar la fracción IX y reformar la fracción X, ambas del artículo 79 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima.
“En este sentido hay que señalar que esta modificación al artículo 79 de la Ley local, básicamente consiste en lo siguiente: por un lado se elimina la prohibición de no haber ocupado un cargo directivo en un partido o asociación política, ni haber participado como candidato para un cargo de elección popular; también en esta reforma se elimina la prohibición de no haber sido magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, del Tribunal Electoral del Estado, del Tribunal de Arbitraje y Escalafón, o del Tribunal Contencioso Administrativo”.
Abundó la Comisionada Román Vergara, que en el caso de las personas que hubiesen ocupado el cargo de gobernador, diputado federal o local, senador, alcalde, regidor, síndico, o fiscal general del estado, se reduce de 3 a 1 año el plazo previo de la prohibitiva para quienes hayan ostentado alguno de estos cargos para ocupar el de comisionada o comisionado del órgano garante del estado de Colima.
“La pregunta sería entonces, ¿cómo afecta esto a los derechos humanos que este pleno del INAI tutela?, en principio hay que decir que esta modificación legal, podría en un momento dado obstaculizar la garantía del ejercicio de los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales del sector público, porque se permitiría el acceso al cargo a personas con una marcada tendencia política, sesgo que pudiera incidir en el desempeño del puesto”.
La comisionada Josefina Román Vergara, dijo que era importante señalar que a partir de la gran reforma constitucional el 2014, justamente en materia de transparencia, derecho de acceso a la información, protección de datos personales, y no menos importante, hay que decir, y que tienen base constitucional, los archivos.
Indicó que a partir de esa gran reforma, el Congreso de la Unión, otorgó autonomía constitucional al ahora INAI, también le estableció la obligación de actuar conforme a los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y máxima publicidad.
Agregó que esta gran reforma establece el procedimiento de elección de las y los comisionados, que garantizara un equilibrio entre los poderes de la Unión, medida que permitiría salvaguardar la independencia y autonomía de quienes integramos órganos garantes.
Expresó que todos estos principios debían replicarse en todas las entidades federativas, “esta reforma del 2014, siempre hacemos referencia al artículo sexto constitucional, que justamente contempla el derecho de acceso a la información, pero también trajo consigo reformas a otros artículos como el 116 constitucional que en su fracción octava, dispone que en las constituciones de los estados establecieran organismos autónomos, especializados, imparciales y colegiados, en términos acordes a las disposiciones del mismo artículo sexto constitucional y también en armonía con la Ley General de Transparencia, porque esta ley es la reglamentaria del artículo sexto”.
La Comisionada Román Vergara, dijo que en las y los comisionados que formen parte de los órganos garantes, “debemos contar con perfiles que permitan la construcción de organismos autónomos especializados, independientes, imparciales y colegiados, porque los garantes debemos ser independientes, de poderes tradicionales, partidos políticos o cualquier otro nexo que se tenga”.
Una vez que se aprobó por unanimidad presentar esta acción de inconstitucionalidad para preguntar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación si este decreto que reforma la Ley de Transparencia del Estado de Colima es constitucional o no lo es, se designó al director general de Asuntos Jurídicos, como representante legal del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales para que interponga acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en contra de las reformas a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima, publicada en el periódico oficial el 11 de junio de 2022.-