Colima, Col., 24 de noviembre de 2021.- La presidenta de la Comisión de Hacienda, Fiscalización y Cuenta Pública, Hilda Lizette Moreno Ceballos, reprobó los actos cometidos en la anterior administración estatal, así como el discrecional uso de los recursos públicos del pueblo de Colima, al tiempo que dijo que todos los actos deben de ser investigados.

Al fijar el posicionamiento de la comisión de Hacienda, Fiscalización y Cuenta Pública,  luego de que se presentó el dictamen referente a la Cuenta Pública 2020 del Poder Ejecutivo del Estado, la cual no fue aprobada, Moreno Ceballos dijo que “como legisladores daremos puntual seguimiento a todos y cada uno de los hallazgos para que se investiguen, y sean presentadas cada una de las denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción, y ante las instancias correspondientes, para llegar hasta sus últimas consecuencias y deslindar responsabilidades”.

“Después de un análisis al informe de resultados del Poder Ejecutivo del Ejercicio Fiscal 2020, reprobamos los actos contrarios de la Ley, así como el uso discrecional de los recursos públicos del pueblo de Colima que realizó la administración estatal que acaba de concluir, mismos que hoy tiene a Colima en una crisis financiera sin precedentes, que ha dejado a un sinnúmero de trabajadores sin lo más sagrado que es el sustento de sus familias, su sueldo”.

La Legisladora prisita  indicó que era importante hacer mención que el 31 de enero 2017 en el periódico oficial del Estado de Colima, la misma administración saliente publicó las Reglas De Austeridad, Racionalidad Y Disciplina Del Gasto Público Estatal, como un estandarte de política pública en beneficio de los colimenses, es así que dichas reglas de austeridad en su artículo 1 señalan que dichas reglas tienen por objeto implementar el uso de los recursos públicos con base en los principios de legalidad, honestidad, eficacia, eficiencia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas, siendo de observancia obligatoria para los servidores públicos de las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Colima, sin embargo éstas desde su primer numeral no fueron respetadas ni observadas en perjuicio de las finanzas estatales.

Lizzie Moreno mencionó que al analizar  las 784 observaciones contenidas en el informe del resultado de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2020 del Poder Ejecutivo entregado por el OSAFIG el pasado 28 de septiembre, mismo que incluye 546 hallazgos financieros, 228 hallazgos de obra pública y 11 recomendaciones, se aprecia sin lugar a dudas un manejo inadecuado en la gestión financiera realizada por la administración estatal saliente.

Cabe destacar que, de acuerdo con la información proporcionada en el informe de resultados referida, la mayoría de las observaciones fueron en materia de adquisiciones mismas que representa el 69% del total. Las cuales no se ajustaron a los procedimientos previstos en la Ley.

Enseguida mencionó que como la Ley de Disciplina Financiera lo señala, para tener unas finanzas sanas, es imprescindible el que se tenga un balance entre los ingresos y gasto, sin embargo, observamos que los egresos presupuestados fueron mayores a los ingresos presupuestales, mismos que fueron reflejados en la cuenta pública anual del Poder Ejecutivo del Estado del ejercicio fiscal 2020, lo que derivó en un déficit presupuestal para las finanzas del estado de dicho ejercicio fiscal.

Asimismo la Presidenta de la Comisión de Hacienda, Fiscalización y Cuenta Pública, indicó que del análisis realizado,  fue detectada una cuenta bancaria no registrada en la contabilidad del Poder Ejecutivo, “demuestra un manejo nada transparente de las finanzas estatales. Se observo que en el tema del patrimonio del Poder Ejecutivo lo que se tiene registrado en la cuenta pública anual del ejercicio fiscal 2020, no coincide con la información presentada en su contabilidad a la hora de llevar a cabo la revisión y fiscalización de la misma”.

También indicó que era importante señalar que el Instituto de Pensiones, creado mediante una Ley y soportado con un estudio actuarial, mismos que llevaron a la disolución del anterior sistema pensionario y que fue impulsado por la administración estatal saliente, sea el propio Poder Ejecutivo Estatal el ente público con el mayor adeudo ante IPECOL ya que al cierre del ejercicio fiscal 2020, presenta un saldo por adeudos a dicho Instituto de Pensiones de $932 millones 344 mil 007.02 pesos.

“Se observan también prácticas recurrentes de funcionarios que salían de comisión y no comprobaban sus viáticos, por lo que existen diversos hallazgos en este sentido”, dijo.

Se detectó también que el Ejecutivo no respeto sus propias reglas de austeridad, realizo compras y contratos que no cumplen con los requisitos mínimos de la ley de adquisiciones.

“En plena pandemia se compraron uniformes escolares, equipos de oficinas, difusión de campañas culturales, publicidad de espectaculares, donde las empresas no cumplieron con los requisitos de ley”, dijo la legisladora.

En materia de obra pública, se careció de transparencia en la planeación, programación, presupuestación y ejecución de las obras consideradas en el programa operativo para el ejercicio fiscal 2020.

En otra parte de su posicionamiento señaló que las condiciones en las que se otorgaron los contratos de obra pública no fueron las óptimas, ya que en muchos casos se careció de estudio de mercado, presupuesto base, planos y proyectos, por ende no se tiene la referencia del costo real de la obra, situación que implica la duplicidad de conceptos de obras y por consecuencia la duplicidad del pago de los mismos.

Cabe destacar que se abusó de los procedimientos de contratación bajo “la excepción de la licitación,” optando por las adjudicaciones directas aun cuando las causas no se encuentran justificadas, por lo que resultan irregularidades en materia de obra pública y un mal manejo de las finanzas del gobierno del estado, precisó Lizzie Moreno.