Periodismo y Opinión Pública 4 de junio de 2021

  • No hay una explicación clara para la violencia que ha ensangrentado las elecciones regionales. Aunque la mayoría de los muertos militaban en la oposición, también hay víctimas oficialistas. En un ambiente muy polarizado, muchos se preguntan por el papel de los carteles, o si otros interesados están pescando en río revuelto.

“Estoy aquí en La Manguita, en la Pedro Guzmán, si gustan acompañarme vengan para que escuchen mis propuestas, vengan para convivir un momento. ¡Juntos lo hacemos mejor!” decía en una transmisión en vivo una entusiasta Alma Rosa Barragán Santiago unos minutos antes de morir asesinada en un mitin. Poco después de las 6 de la tarde, el cuerpo de la candidata a la alcaldía de Moroleón, Guanajuato, yacía en la acera, cubierta por la bandera naranja de Movimiento Ciudadano, el partido que la postuló.

La muerte deBarragán Santiago se suma a los 782 hechos delictivos contra políticos y candidatos que la consultoraEtellekt ha registrado desde que comenzó el proceso electoral en septiembre de 2020. La violencia ha aumentado su protagonismo como medio de desincentivar la participación en los comicios, al punto de haberse convertido en la gran electora. Los candidatos y los dirigentes políticos reportan asesinatos, amenazas, privaciones ilegales de la libertad, robos, intimidación y agresiones personales y familiares, entre otras.

En las elecciones del 6 de junio los mexicanos renovarán más de 20 mil cargos en unos comicios considerados los más grandes de la historia del país. Unas elecciones marcadas por la polarización, en un choque de trenes que explican bien los caricaturistas de las páginas editoriales: las opciones se reducen a votar o botar a Andrés Manuel López Obrador (Amlo) al refrendar o retirar su mayoría en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la responsable de aprobar el presupuesto y revisar cualquier cambio constitucional.

Además de renovar la Cámara, quince estados elegirán gobernador y en 32 habrá cambios en las alcaldías. Y justo el ámbito municipal ha resultado más afectado, pues el 69 por ciento de las agresiones han afectado a candidatos a los diferentes puestos en los ayuntamientos.

El candidato de MORENA a la alcaldía de Santa Clara Ocoyucan, Francisco Cortés Pancoatl, resultó herido en la mano tras sufrir un ataque a balazos. Crédito: Juan Carlos Valerio

El candidato de MORENA a la alcaldía de Santa Clara Ocoyucan, Francisco Cortés Pancoatl, resultó herido en la mano tras sufrir un ataque a balazos. Crédito: Juan Carlos Valerio

Según la idea generalizada, las agresiones provienen del crimen organizado. Pero la información disponible señala que sólo en 4 de los 31 asesinatos de candidatos hasta el 5 de mayo (al 1 de junio van 35 aspirantes muertos) hay indicios de la intervención de los cárteles. El dato más escalofriante es que el 75 por ciento de los contendientes asesinados eran opositores a los gobiernos y prácticamente ningún partido se salva. Más allá de la presencia de las organizaciones criminales, las agresiones se han presentado en 31 de los 32 estados de la república y en 25 han muerto aspirantes. En río revuelto, ganancia de pescadores: en México los asesinatos suelen resolverse como un “ajuste de cuentas” para dejarlos en el limbo de los casos sin resolver.

No es nuevo sospechar que el crimen organizado interviene en las elecciones para apoyar a determinados candidatos o de plano para imponer a alguno de los suyos. Pero las autoridades tampoco han revisado a fondo ese asunto. “Mucho dinero en efectivo llega a las campañas y nadie sabe cuánto se gastó al final, sólo el administrador, ni el candidato sabe, menos el Instituto Nacional Electoral (INE)”, me dijo un día un político veterano.

Instituto Nacional Electoral

Instituto Nacional Electoral

El INE tiene la facultad de fiscalizar las campañas, pero no ha dado grandes resultados, no ha dictado alguna sanción ejemplar, ni siquiera en operaciones escandalosas como el llamado Monexgate, la presunta distribución de tarjetas con dinero en 2012 para comprar el voto a favor del candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Enrique Peña Nieto.
Los funcionarios y políticos, incapaces de frenar la violencia que en general azota al país, tampoco han tomado una actitud más decidida frente a las agresiones. Se limitan a repudiar y condenar los hechos en redes sociales, pero no más. Los dirigentes locales y nacionales de Movimiento Ciudadano se limitaron a reclamar a AMLO por la muerte de Alma Barragán desde León, a 126 kilómetros de Moroléon, donde solo la acompañaban en sus exequias sus colaboradores y su familia.

Por su parte, López Obrador ha llamado amarillista a la prensa por cubrir las agresiones, ha tomado las noticias como una afrenta personal y suele hacerla responsable de querer desestabilizar su gobierno.Todo ello a pesar de que Etellekt reporta que estas son las segundas elecciones con más agresiones desde el año 2000, cuando la violencia se cebaba en los estados de Michoacán, Veracruz y Guerrero contra el izquierdista partido de la Revolución Democrática, liderado por Cuauhtémoc Cárdenas. Hoy, las bajas se cuentan en todos los partidos y en todas las regiones del país. Un fenómeno tan grave, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hizo un llamado “al Estado mexicano a prevenir la violencia garantizando medidas de protección y seguridad, así como a adelantar las investigaciones pertinentes con el objetivo de asegurar los derechos políticos”.

Foto: Presidencia de la República

Foto: Presidencia de la República

En medio de todo, el oficialista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) ha visto descender sus expectativas originales de ganar hasta 10 estados, como lo planteaban la mayoría de las mediciones a principios de año, y conservar la mayoría en el Congreso federal. Esto es cierto en términos generales, aunque en las 15 entidades donde se disputa la gubernatura las encuestas muestran una gran diversidad.

Ante ese descenso en sus expectativas electorales el gobierno ha tomado medidas reactivas de las que surgen nuevas polémicas. Es el caso de las curiosamente oportunas imputaciones contra el gobernador opositor de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, acusado de lavado de dinero, delincuencia organizada y fraude fiscal. Este se ha atrincherado en su Congreso local para impedir que lo procesen como ha ordenado el Congreso federal. Una batalla que gira hoy, como en el siglo XIX, entre el federalismo y el centralismo, en una república que aglutina a estados soberanos solo en el papel, pero dependientes de los presupuestos centrales para la mayoría de sus políticas públicas.

AMLO ha planteado transformar al país desde una teoría más moralista que de revolución social y la cita electoral está convertida en un referéndum sobre su gobierno, el primero surgido de la izquierda. Pero ha caído en la trampa de acentuar su populismo para mantener su base social, con lo que ha perdido el favor de muchos aliados coyunturales que en 2018 no veían otra alternativa frente a la inveterada corrupción de los gobiernos del PRI y del Partido Acción Nacional (PAN). En el proceso, ha conseguido polarizar claramente al país en torno a su figura: unos lo odian a muerte, los demás lo adoran, y otros se mantienen al margen.

Con ese telón de fondo, falta por ver si la violencia desalentará a los votantes en unas elecciones intermedias que suelen tener baja participación. Pero además está la pobre oferta, sin importar el partido. En efecto, unos postularon candidatos señalados de corrupción o de tener vínculos con el narco, otros recurrieron a personajes sin experiencia pero con arraigo popular como luchadores, influencers, actores y hasta a una ex miss universo. Casi todos con políticos “chapulines”, es decir que saltan de un grupo político a otro sin el menor empacho.

Presuntos integrantes del Cartel Jalisco Nueva Generación rechazan intervenir en las elecciones. Foto: Twitter

A ese escenario de tambores de guerra se agrega el explosivo ingrediente del crimen organizado, que se ha adueñado de vastos territorios en zonas rurales y urbanas del país, donde imponen condiciones a partidos y candidatos, igual que a empresas y pequeños negocios. Esa mezcla aumenta la complejidad del momento que vive un país que, al igual que el resto de las naciones de América Latina, ha cruzado el 2020 con las consecuencias de una pandemia histórica y sus secuelas de muerte, desempleo y desesperanza.

A pocos días de las elecciones, los partidos y la clase política en general mostraron lo poco que guardan en sus alforjas para mejorar el panorama de desastre inminente que flota en el ambiente. Uno en el que parecen enfrentarse a un México que quiere transparencia y democracia y otro que, agazapado detrás del ambiente criminal propiciado por los carteles, busca a toda costa imponer sus intereses particulares. Ahora toca a los ciudadanos discernir qué hacer en la compleja encrucijada, primero con el voto y luego con la revisión de las condiciones que nos han llevado a este extremo. Para que la triste historia de Alma Rosa Barragán Santiago nunca se repita.