Por Juan Ramón Negrete Jiménez
Colima, Col., 5 de marzo de 2021.-La consejera del Instituto Electoral del Estado, Rosa Elizabeth Carrillo Ruiz, dijo que en el acuerdo aprobado el pasado 28 de febrero por parte del consejo general del Instituto Electoral del Estado, relativo al aspirante que tendría derecho a registrarse como candidato independiente a la gubernatura, en el aspecto relativo a aquellas bajas por defunción que se están presentando en el propio acuerdo, los aspirantes Agustín Díaz Torrejón y Rafael Mendoza Godínez, de los respaldos registrados hubo 69 bajas por defunción en el caso de Díaz Torrejón y 17 en el caso de Rafael Mendoza.
Ante eso dijo que el conejo general resolvió en el sentido de dar vista a la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales (FEPADE), y también, aún cuando no está establecido en el acuerdo se dio parte a la Unidad especializada en Delitos Electorales de la Fiscalía General del Estado, esto de conformidad a la Ley General en Materia de Delitos Electorales, que a nivel estado se acaba de abrir.
El documento elaborado por la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado se entregó este viernes ante las instituciones antes señaladas.
“Por otra parte el Consejo General está comprometido a dar seguimiento a lo que se dio vistas a las Unidades Especializadas en materia de Delitos, tanto en la FEPADE como en la Fiscalía General del Estado y finalmente conocer cuáles serán las resoluciones que emitan estas instituciones federales”, dijo Carrillo Ruiz.
Destacó la consejera electoral, que el Instituto Electoral del Estado, solamente da vistas a la FEPADE y a la Fiscalía General del Estado, para que esas instancias hagan la averiguación, “porque eso ya sale del ámbito de nuestras atribuciones, ya que nosotros no tenemos la facultad de sancionar”.
Señaló que en caso de constituirse algún tipo de causal delito, la autoridad electoral en materia administrativa no tiene facultades ni atribuciones, y lo único es que sí podemos darle seguimiento para estar informando a la ciudadanía sobre los actos que se registraron durante la etapa de obtención de respaldo ciudadano.
En la entrevista la consejera electoral dijo que la alteración de documentos electorales está considerada un delito, por eso se dio vista a la Fiscalía General de la República y a la Fiscalía del Estado.
