Por Juan Ramón Negrete Jiménez

Colima, Col., 25 de noviembre de 2020.- Una vez que llegó la iniciativa al Congreso del Estado, referente a la solicitud de autorización  para que el Gobierno del Estado celebre la contratación de obligaciones financieras, consistentes en una línea de crédito en cuenta corriente, irrevocable, revolvente y contingente hasta por 65 millones de pesos, la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, que encabeza el diputado Julio Anguiano Urbina, se citó a comparecer en reunión de trabajo a los Secretarios de Planeación y Finanzas, Carlos Arturo Noriega García, así como al titular de la SEIDUR, Jesús Sánchez Romo.

El citatorio fue para que los funcionarios estatales pudieran explicar y ampliar la información respecto a la construcción del libramiento carretero “Colima Vía Rápida”, señalándose que con su construcción no que se persigue es reducir los riesgos de la población colimense, pues dejarían de transitar por el actual libramiento “Ejército Mexicano”, los tráileres que transportan carga pesada y materiales peligrosos.

Tanto Noriega García como Sánchez Romo, dijeron que la solicitud que están formulando al Congreso del Estado, es para que ese recurso tenga como destino fungir como fuente de pago alterna para cubrir los faltantes de liquidez en los pagos derivados del contrato de Asociación Público Privada, correspondiente al proyecto  denominado “Libramiento Colima Vía Rápida”.

En la explicación que dieron los funcionarios estatales citaron que este libramiento carretero tendría una longitud de 23.5 kilómetros, para lo cual se requerirá un inversión de 2 mil 100 millones de pesos que serán aportados por inversionistas privados de la empresa YNFRA, mencionándose que del total de la inversión el 60% provendrá de un crédito de la institución bancaria BANORTE y el 40% será capital de los inversionistas.

Durante esta reunión, los funcionarios estatales presentaron ante los diputados la iniciativa y el proyecto de construcción en comento y aclararon que en esta obra, en caso de ser aprobada por el Congreso, “no se destinarán recursos económicos o recursos públicos del Gobierno Estatal. No hay compromiso económico alguno”.

El secretario de Planeación y Finanzas, Carlos Arturo Noriega García, dijo que los 65 millones de pesos que se están solicitando al Congreso se los autorice, es para cubrir la Obligación del Gobierno del Estado como Garantías de la Fianza otorgada. “Nosotros no vamos a tomar ese recursos”, citando que eso es algo que debe estar registrado ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Destacó que si en un período de 12 meses la autoridad ha incumplido en dos trimestres y no se ha manifestado, se podría solicitar la activación, previa notificación, la cual podrá corregir o esgrimir sus argumentos en un período no mayor de 30 días.

De no ser satisfactoria la respuesta para el desarrollador, el Gobierno del Estado podrá recurrir al Comité de Controversias para que intervenga sobre la supuesta falta y sancione de ser necesario.

Durante la reunión de trabajo que se prolongó por casi cuatro horas, tantos Sánchez Romo, como Noriega García, estuvieron aclarando las dudas de los legisladores y ampliándoles la información que requerían, manifestando que la obra, la adquisición de predios y demás serán financiados por la iniciativa privada que habrá de participar en la obra, sin recursos del Estado.

A pregunta expresa informaron que serán 81 propietarios de predios con los que se está negociando la adquisición de los 23.5 kilómetros, “y con todos ellos ya se está negociando, incluso en algunos casos hasta se les han otorgado adelantos”, respecto a quiénes son los propietarios de esos terrenos, el titular de SEIDUR dijo desconocerlo, “porque son los empresarios los que están negociando directamente con ellos”.

Explicaron que para la construcción de este libramiento carretero  el Gobierno del Estado solo participará en la tramitación de permisos ante las autoridades correspondientes, afirmando que el Gobierno “no negociará la compra de terrenos por derecho de vía”, lo cual le corresponderá a los propios inversionistas, los cuales pagarán el costo y deberán ser escriturados a nombre del Gobierno del Estado, señalando que en el supuesto de que por alguna circunstancia el proyecto no llegara a prosperar o que la empresa desista o fracase en el proyecto, los predios adquiridos quedan en poder del Estado.

Ante la insistencia de algunos legisladores sobre los 65 millones de pesos que se pretenden “como garantía”, se explicó la solicitud de autorización para que el Gobierno del Estado sea aval, de ninguna manera está comprometiendo las finanzas del estado, “la fianza no afectará las participaciones federales, ni el impuesto sobre la nómina; este proyecto no afectará de ninguna manera a los colimenses.

Aclararon que “esa es una garantía”, insistiendo en que la obra vendrá a desahogar el flujo de vehículos de carga pesada y materiales peligrosos que se trasladan desde el puerto de Manzanillo y que en la actualidad tienen que hacerlo en la autopista Colima-Guadalajara y que por fuerza ingresan en la zona urbana de Colima pues tienen que atravesar el libramiento carretera “Ejército Mexicano”.

El titular de SEIDUR, dijo que se calcula que diariamente circulan por la autopista alrededor de 6 mil camiones de carga, más 3 mil vehículos particulares.

Asimismo, dieron a conocer que de aprobarse la obra y el convenio respectivo la iniciativa privada “se compromete a concluir los trabajos en un lapso de entre 10 a 16 meses”, mencionando que la obra generará más de 3 mil empleos directos.

Ante las interrogantes planteadas los funcionarios estatales, aclararon que este libramiento carretero “no es una carretera estatal, es un tramo confinado por lo tanto, los propietarios de las parcelas por donde pasará el trazo de este libramiento, no van a poderse estar entroncando directamente a la autopista, sino que tendrán que realizarse los entronques necesarios para que puedan incorporarse a esta carretera.

Asimismo ante la insistencia de los planteamientos de los legisladores, principalmente de MORENA, Sánchez Romo y Noriega García, aclararon que las obras de este libramiento no arrancarán sino hasta que se cuente con los permisos y las manifestaciones de impacto ambiental, por lo que señalaron que era falso que pretendiera iniciar una obra sin tener las autorizaciones tanto de la SCT y de la Secretaría de Hacienda.

A pesar de la extensa información que se les entregó por parte de los funcionarios, el coordinador del grupo parlamentario de MORENA, dijo que mientras no les entreguen el proyecto con sus respectivas autorizaciones y que se realicen foros y reuniones de trabajo con los transportistas que serán los afectado por la caseta de peaje, ellos no lo avalarán y como fracción “no votaremos a favor”.

Antes de concluir pidieron a los funcionarios de SEPLAFIN y DE SEIDUR, que dejen de lado las prisas, “porque esto más fin parece un negocio de fin de sexenio, y que estos diez meses los dejen para presentar a todos los colimenses el proyecto y que sea la siguiente administración estatal la que en determinado momento ejecute la obra, porque ahorita se ve muy apresurado”, dijeron.