Colima, Col., 29 de junio de 2020.-Periodistas del estado de Colima, acudieron a la Comisión de derechos Humanos de la entidad a interponer una queja mediante la cual están solicitando a la institución que con base en su ley orgánica promueva la acción de inconstitucionalidad, para que se deje sin efecto el Artículo 240 Bis, del Código Penal para el estado de colima, por considerar que se atenta en contra de la libertad de expresión y en el libre ejercicio de la profesión.

Encabezados por el presidente del conejo directivo de la federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, Juan Ramón Negrete Jiménez, reporteros de Colima, Villa de Álvarez, Tecomán, Armería y Manzanillo, acudieron a la Comisión de Derechos Humanos del estado de Colima, donde fueron atendidos por el ombudsperson Sabino Hermilo Flores arias, quien recibió el documento de protesta.

En su intervención Negrete Jiménez señaló que la queja era en contra del Congreso del Estado de Colima 6y de las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad, y de Igualdad y Equidad de Género, de la Quincuagésimo Novena Legislatura, por haber presentado una iniciativa para adicionar el artículo 240 bis al Código Penal para el Estado de Colima, misma que fue aprobada por el pleno de ese Congreso.

“Los periodistas de Colima nos sentimos vulnerados en nuestras garantías individuales y lesionados por este Artículo 240 Bis, que se le adicionó al Código Penal para el Estado de Colima, pues no solo nos están amordazando, sino que nos están impidiendo realizar nuestro trabajo con plena libertad, bajo la amenaza de llevarnos a prisión y ser sancionados económicamente”, dijo Negrete Jiménez.

Agregó que acudían ante esta Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, para solicitar su inmediata intervención “ante un hecho que agravia, no solo a los periodistas de la entidad, sino a todas las personas que manejan redes sociales, prensa escrita, televisión análoga o digital, pues se está vulnerando la Libertad de Expresión, así como el libre ejercicio de la profesión”.

El pasado sábado 20 de Junio de 2020, en el periódico oficial “El Estado de Colima”, se publicó el Decreto número 280, por el que se Adiciona el Artículo 240 Bis, al Código Penal para el Estado de Colima, el cual de acuerdo al Transitorio de dicho decreto, entró en vigor un día después de su publicación, es decir a partir del 21 de junio de la presente anualidad.

 De acuerdo a esa adición que se hizo al Código Penal para el Estado de Colima, se castigará a quien “…difunda, entregue, revele, publique, transmita, exponga, remita, distribuya, videograbe, audiograbe, fotografíe, filme, reproduzca, comercialice, oferte, intercambie o comparta imágenes, audios, videos o documentos del lugar de los hechos o del hallazgo, indicios, evidencias, objetos o instrumentos relacionados con un hecho que la Ley señale como delito, con una pena  de tres a seis años de prisión y una multa por un importe equivalente de cincuenta a cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización”

En un segundo párrafo de ese nuevo artículo añade que la sanción se incrementará “…si se trata de imágenes, audios o videos de cadáveres o parte de ellos, de las circunstancias de su muerte, de las lesiones o estado de salud, la pena de prisión será de cuatro a siete años y la multa de setenta a ciento treinta veces el valor diario de la unidad de medida y actualización.”

Destaca en un tercer párrafo que “en razón de género, y tratándose de imágenes, audios o videos de cadáveres de mujeres, niñas o adolescentes, de las circunstancias de su muerte, de las lesiones o estado de salud, la pena de prisión será de cuatro a ocho años y la multa de ochenta a ciento cincuenta veces el valor diario de la unidad de medida y actualización.”

 En el último párrafo del artículo 240 bis, ya en vigor, señala que “cuando el delito sea cometido por persona servidora pública integrante de alguna institución policial, de procuración o impartición de justicia, se impondrá de cuatro a ocho años de prisión y multa de ochenta a ciento cincuenta veces el valor diario de la unidad de medida y actualización”.

El gremio periodístico del estado considera que esta es una ley mordaza que censura la labor periodística, y por la manera en que está redactado, nos está dejando en un estado de indefensión ante cualquier autoridad.

Negrete Jiménez solicitó a Flores Arias, que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, promueva una Acción de Inconstitucionalidad ante la Justicia federal y se exija se declare inválido, por inconstitucional el citado Artículo.

Destacó el periodista que la petición de que se promueva esa Acción de Inconstitucionalidad ante la Justicia federal y se declare nulo ese artículo es porque se están violando los Artículos 1º. 6º. 7º. 8º. 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 1º. 2º, fracciones III y IV, así como el artículo 5º. entre otros, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, así como lo preceptuado en diversos artículos de la Ley para la Protección Integral del Ejercicio Periodístico para el Estado de Colima.