Los cambios a las leyes educativas aprobados por los legisladores de Morena “hace historia” porque secuestra el destino de millones de niñas, niños y jóvenes mexicanos, al negarles el derecho a una educación de calidad; pero también, porque desnuda las verdaderas intenciones del gobierno en turno: crear clientelas en lugar de oportunidades, centralizar el poder en vez de democratizarlo y apostar a la opacidad y obediencia, en sustitución de la transparencia y la libertad.

Así lo estableció el Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados al votar en contra las leyes reglamentarias de la reciente reforma Constitucional a los artículos 3, 31 y 73.

Los diputados del PRI evidenciaron lagunas jurídicas y contradicciones entre la reforma Constitucional y las leyes secundarias, por ejemplo, de nada sirvió hacer explícito en la Carta Magna la rectoría del Estado si las plazas magisteriales, que se pagan con los impuestos de todos los mexicanos, serán

decididas en comisiones tripartitas o que en la Ley General de Educación se avale la consulta a mano alzada, con el nombre de consultas de buena fe, enfocándose a nuestros pueblos indígenas, a pesar de que en la Constitución ya existen los mecanismos necesarios para que haya consultas adecuadas y conforme a la ley.

Al fijar la posición del Grupo Parlamentario del PRI, en el dictamen de la Ley General de Educación, la diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo, expuso que bastaron 144 días para pasar de la evolución a la demolición del sistema educativo mexicano.

“Sí, son mayoría y la historia los juzgará, uno a una, por el secuestro y el desprecio al trabajo del Poder Legislativo, porque lo que realmente secuestran hoy, es el destino de millones de niñas y niños particularmente de los más necesitados. En su búsqueda de clientelas, les quitan oportunidades a nuestros estudiantes, condenan a las nuevas generaciones a sobrevivir de apoyos gubernamentales que sí son necesarios para millones de ellos, pero que deberíamos aspirar a que fueran temporales y acompañados de una educación de calidad y para que el día de mañana tengan un empleo formal y un salario digno que corresponda a su esfuerzo y no estén atenidos a dádivas gubernamentales”, señaló la legisladora por el Estado de México.

“Los dictámenes sometidos al Pleno de la Cámara de Diputados se acordaron a puerta cerrada en Palacio Nacional y la discusión se impuso por mayoría de Morena y sus aliados, en una clara violación al procedimiento parlamentario”.

La secretaria de la Comisión de Educación, Cynthia López Castro, alertó que votar las leyes pactadas con la Coordinadora Nacional Trabajadores de la Educación es un paso incuestionable hacia la dictadura, basada en el capricho, la necedad y la ignorancia, está claro dijo, que no les importa que los niños de México sepan sumar o multiplicar, mientras tengan plazas para repartir y votos que recolectar.

En su propuesta de reforma, para modificar el artículo 23 de la Ley General de Educación, preguntó a la asamblea, qué les parece que a sus hijos en vez de enseñarles las tablas de multiplicar o aprender historia, les den materias como manifestación l, resistencia lll o técnicas guerrilleras; “lo que ustedes aprueban hoy es otorgar la concesión de que la CNTE altere los planes y programas de estudio, ya se les olvidó que en Michoacán hizo sus propios libros de texto”.

En su oportunidad, Sara Rocha Medina, diputada por el estado de San Luis Potosí, cuestionó el hecho de que al sustituirse la Ley General de Infraestructura Física Educativa no hay certeza jurídica en materia de supervisión de la seguridad de las estructuras en los planteles educativos y la distribución de

recursos, sin reglas, sin normas, no habrá transparencia ni rendición de cuentas.

La bancada tricolor precisó que el voto en contra no es personal; el Revolucionario Institucional no está contra los maestros o sus dirigencias sindicales, que son importantes para defender los derechos laborales del gremio, pero consideró importante exhibir a los demagogos, a quienes no hicieron su trabajo y se proclaman defensores del magisterio.

El diputado Fernando Galindo Favela, objetó ¿no que los niños son su prioridad? el Paquete Económico 2020 recorta a educación básica, 10 mil millones de pesos respecto del 2018; escuelas de tiempo completo 52 por ciento menos; Programa Nacional de Inglés, 50 por ciento menos; los recursos para la educación indígena, tienen un recorte de 48 por ciento, entonces “cómo vamos a lograr con este presupuesto la excelencia académica que tanto dicen en sus discursos”, expuso el secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La legisladora sonorense, Irma Terán, planteó modificar la redacción del dictamen, para precisar la transparencia en la educación, pues en la Constitución la letra es clara, la educación está considerada como un servicio público y sujeta a la rectoría del Estado, luego entonces cada peso que se

destine debe estar definido a qué plantel va, quién lo utilizó y cuáles son sus repercusiones.

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En el mismo sentido, para afinar la redacción del artículo primero de la nueva Ley General de Educación, Ximena Puente de la Mora, enunció la urgencia de establecer las bases para hacer un reconocimiento a las maestras y los maestros que luchan por establecer los estándares educativos en cada uno de los rincones de la República y con ello, reafirmar la función social educativa del Estado, la federación, las entidades federativas.

A la representante popular, Laura Barrera Fortoul, correspondió defender las escuelas de tiempo completo y exigir que la ley en cuestión armonice con lo que establece la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en el entendido de que la educación es la única herramienta que genera las condiciones de un piso parejo, en donde no importando el estrato social, el color de piel, el sexo o el origen, el destino puede ser el mismo, sí y solo si se inculca educación de calidad. Un niño sin educación es un niño perdido.

En su intervención, la diputada Soraya Pérez Munguía, insistió en defender y promover a todos los maestros que no le temen a la evaluación e impulsó la propuesta para derogar el artículo transitorio que desaparece el Instituto responsable de la infraestructura física educativa; dijo, es responsabilidad del

Estado velar por la seguridad en todos los planteles educativos, al desaparecer el organismo que regula y controla la construcción y reconstrucción de escuelas la función se deja a los comités participativos, “pretender la autoregulación y autoconstrucción pone en riesgo la vida de la comunidad escolar” sentenció la legisladora tabasqueña.