Colima, Col., 17 de agosto de 2019.- La Diputada Jazmín García Ramírez presentó una iniciativa para expedir la Ley del Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Colima, toda vez que la Constitución establece que “la Federación y las entidades federativas garantizarán la existencia de un servicio de defensoría pública de calidad para la población y asegurarán las condiciones para un servicio profesional de carrera para los defensores”.

Señaló que las percepciones de los defensores no podrán ser inferiores a las que correspondan a los agentes del Ministerio Público. Con esta iniciativa, la legisladora del Grupo Parlamentario de Morena en la LIX Legislatura, dijo que se abrogaría la Ley de la Defensoría Pública del Estado de Colima.

Explicó que es evidente que debido a la saturación de trabajo, la falta de autonomía financiera y las áreas de oportunidad en la operatividad del sistema actual de Defensoría Pública de Colima, no se cumple con brindar un servicio de defensoría pública de calidad para la ciudadanía.

Puntualizó que la Constitución local ya garantiza la existencia de un Instituto de la Defensoría Pública del Estado, pero su autonomía carece de patrimonio propio, personalidad jurídica, libertad de gestión y autonomía financiera.

Dijo que no obstante, ya se presentó la iniciativa que expide la Ley del Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Colima, lo que permitirá que a nivel constitucional, el Instituto en cuestión cuente con las atribuciones necesarias para su buen ejercicio y funcionamiento.

Mencionó que esta propuesta contempla que el Instituto de la Defensoría Pública cuente con mecanismos jurídicos y una naturaleza política de carácter especializado e imparcial, como la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, el Instituto Electoral del Estado, el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado de Colima, entre otros.

El funcionamiento permitirá que el sistema de Defensoría Pública del Estado de Colima no se vea menguado debido a excesivas cargas de trabajo, falta de recursos materiales y carencia de autonomía de los abogados que prestan el servicio, pudiendo lograr un nuevo sistema de organización, desarrollo y modernización que permita una verdadera defensoría pública, acotó.

Este Instituto permitirá proteger los derechos laborales y se promueva un entorno de trabajo seguro y sin riesgos para las y los abogados y profesionistas del sistema de Defensoría Pública.

Lo anterior derivado a que se perfeccionaría un Servicio Profesional de Carrera que garantice sus derechos laborales y mejoramiento profesional.

“Es nuestro deber implementar leyes que hagan efectivas las garantías contempladas en los tratados internacionales firmados por México, por lo que se deben buscar mecanismos para dar independencia y autonomía funcional a la Defensoría Pública de nuestra entidad, y asegurar el pleno ejercicio del derecho a la defensa de las personas”, aseveró la legisladora morenista.